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Radiografía del país: El (difícil) desafío de la Educación inclusiva

El estado argentino destina muchísimo dinero para la inclusión de las personas con

discapacidad en el sistema educativo. Pero ese presupuesto queda perdido en la burocracia y los intermediarios.



La realidad es que los colegios reciben paupérrimos fondos y los docentes no tienen la

capacitación adecuada para atender a los chicos con desafíos en el lenguaje, la comunicación, el aprendizaje, la conducta o hasta en el desplazamiento.


Al final, en la mayoría de los casos, la escolarización de los chicos con discapacidad queda

ligada a la suerte de encontrar un espacio en una escuela donde sea más fuerte la intención de educar (acorde a lo que establece la ley de Discapacidad), que las herramientas que les faltan; una institución que entienda el enorme aprendizaje que aporta a una clase, o a un grupo, una persona que funciona de una manera diferente.


En el capítulo 7 de #CHATDEMAMIS hablamos con papás que padecen la exclusión de sus

hijos del sistema educativo, y que se enfrentan a diario contra el sistema para darles la

oportunidad de una vida mejor.


Para comenzar a entender sobre donde estamos parados, hablamos con Belén Arcucci, ella es coordinadora del programa de derecho de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).


La Organización presentó un amparo en 2019 contra la ciudad de Buenos Aires para reclamar que se generen vías de reclamos para que las personas con discapacidad que no sean aceptadas en escuelas comunes puedan derivar su queja y obtener respuesta. La justicia les dio la razón, pero la Ciudad apeló el fallo.


ACIJ es una de las entidades que integra el grupo artículo 24, nombre que remite al artículo de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad que fue

ratificado por la Argentina en 2008, y al que en 2014 el Congreso Nacional sancionó dándole

jerarquía constitucional. ¿Esto qué significa?


“Significa que está por encima de cualquier ley y cualquier normativa provincial y municipal”, explica Arcucci.

Pero entonces ¿Por qué no inscriben a los niños con algún trastorno o discapacidad en una

escuela común? “El argumento recurrente es que ya tienen completo el cupo de chicos con acompañantes en el aula. Otra de las excusas es que la institución no es la adecuada para el desarrollo del niño”, detalla la representante de la ACIJ.


El Estado destina enormes sumas de dinero para que sea efectiva la integración escolar, pero esto que parece tan bien armado se pierde en burocracia y falta de control.

“Todo es muy burocrático. Primero tenes que tramitar la autorización para una acompañante

terapéutica en la obra social o prepaga. Esto tarda meses”, lamenta la mama de María Pía, una nena de 5 años con diagnostico autista a la que intentan excluir del sistema público escolar.


María Pía vive en San Rafael, Mendoza y va a una escuela normal, pero ahora la directora citó a su mama para decirle que la niña no está preparada para continuar en ese régimen y le sugirió que la cambie a una escuela especial.


¿Qué dice la ley en estos casos?

“Según la normativa vigente, ninguna escuela puede negar el inicio de las clases o la

continuidad de estudiantes con discapacidad ante la falta de apoyo. Tampoco puede rechazar el ingreso la permanencia a las instalaciones escolares ante la ausencia del personal de apoyo en una ocasión particular ni impedir que las personas que así lo requieran concurran con su personal de apoyo y todo el tiempo que sea necesario esto también se puede reclamar ante el Ministerio de Educación y se puede denunciar ante la Justicia”, explica Arcucci.


Los casos se repiten. En Villa Fiorito, un papá reclama un hecho similar. Cristian tiene dos

niños con TEA, Morena de 6 años e Ignacio de 4. La nena está escolarizada en una escuela

común a la que asiste solo unas horas, pero el nene, de apenas 4 debió ser escolarizado en una escuela especial porque no consiguieron vacante en la escuela.


“Supuestamente esta institución especial lo contiene y trabaja en su desarrollo. Bueno, esto no sucede”, denuncia Cristian.

“La realidad es que desde que el nene va a esa escuela recibimos notas con quejas de

comportamiento. La última nota fue en reclamo por exhibicionismo. Dicen que se saca la ropa y muestra su cuerpo, como si lo hiciera a propósito, con intención. Se supone que es una escuela especial donde mi hijo se podría sentir más contenido. Esta gente no entiende nada” reclama agotado el papá de Nacho, que trabaja 15 horas por día para poder cubrir lo necesario para su familia, y que ya cansado de tramites ve como nada alcanza.


“Hacemos miles de trámites para que tengan todo lo que necesitan, y estas cosas te hacen

sentir mal. Inútil. Todo el tiempo marcando lo que hace mal, nadie se preocupa por ayudar,

enseñarle, contenerlo, potenciar lo que hace bien. Es angustiante”, sostiene Cristian.


Valeria es mamá de Lorenzo, ella es de Santo Tomé, Santa Fe. Y cuenta su experiencia en la

escolarización de su hijo: “Lo que se ve acá es la falta de capacitación y preparación de los

docentes. Los nenes con discapacidad deambulan en los patios de las escuelas por no contar con un acompañante. Ya sea porque se demoran en evaluarlos, o porque se retrasa la obra social, o el ministerio”, explica Valeria. “No hay inclusión, menos educación”, resume Valeria.


La importancia de educar a las personas que cambian el mundo


Martin es docente, y papa de Donato. Ambos viven en Florencio Varela, pero van a la escuela a Avellaneda, a varios kilómetros de su casa. Martin a enseñar y Donato a aprender.

“No nos quedó otra, en el barrio lo querían mandar a un centro de día. Ni hablar de escuela

especial. Nos derivaron a un psiquiatra. Inexplicable”, comenta Martin.

“Donato empezó primer grado en una escuela del barrio. Ese año lo llevo bien. Pero cuando

debía pasar a segundo grado nos citaron para decirnos que no podía seguir en el colegio

porque no se adaptaba “relata el papa de Donato.


Conociendo los mecanismos, Martin pidió que se revea la situación y que se analice la

posibilidad de cambiar el proyecto pedagógico independiente, conocido como PPI. ¿De qué se trata esto?

“El proyecto pedagógico independiente (PPI) es una herramienta para garantizar la inclusión

en todos los niveles de la escuela común en la que deben plasmarse las estrategias educativas diseñadas para garantizar la inclusión del estudiante. No todas las personas con discapacidad necesitan un PPI y tampoco hace falta tener discapacidad para necesitarlo”, explica la representante de ACIJ.


“Lo que hace el PPI es identificar las dificultades del alumno y focalizar en su potencial. Para

ellos se vale de diseños curriculares y acuerdos, entre el equipo profesional y la familia del

estudiante sobre el desarrollo y la trayectoria escolar del estudiante. Después de ser aplicado, el alumno es calificado de acuerdo al proyecto individual. Es una herramienta que permite hacer los ajustes necesarios para garantizar la educación inclusiva”, sostiene Arcucci.


Luego de la negativa del colegio de Florencio Varela y ante el inminente comienzo del año

lectivo, Martin decidió intentar anotar a Donato en el colegio donde el enseñaba. Allí fue bien recibido y en el primer año integrado logró mejoras sustanciales en su desarrollo

“Aprendió a leer y escribir, hizo amigos. Fue un cambio enorme para todos. Los chicos lo

integraron, y él se sintió contenido”, cuenta Martin.


“Esto fue una lucha, pero hoy mi hijo cursa quinto grado, y está totalmente incluido”, asegura. Porque como decía Paulo Freire, “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.

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